Luis Fernando León / Socio-director de
León&León Abogados

Recibí hace no mucho el informe de la Agencia Española de Protección de Datos, adjunto a la Memoria 2021, y que anualmente publica la Agencia a modo de resumen de las actividades que se realizan en su organización, al igual que analizan la situación del sector y los retos futuros que se plantean en el campo de la protección de datos de carácter personal.

Una vez leído dicho informe, me sorprende (relativamente) la noticia de que las reclamaciones presentadas durante 2021 en la Agencia Española de Protección de Datos habían aumentado en un 35 por ciento, habiéndose recibido un total de casi 14.000 reclamaciones, a los que habría que sumar, según la propia Agencia, los casos transfronterizos.

También relata la Agencia en su informe, que se realizaron exitosamente 25 intervenciones urgentes para la retirada de contenidos sexuales o violentos publicados en internet y fueron denunciados en el Canal prioritario que la propia Agencia tiene a disposición de los ciudadanos y que ha publicitado en campañas de televisión recientemente.

En suma, las reclamaciones que más habitualmente formulan los ciudadanos son relativas a los servicios de internet, llamadas publicitarias no autorizadas (“lista Robinson”), temas relacionados con las comunidades de vecinos y también lo relativo a las cámaras de videovigilancia.

Personalmente, no puedo coincidir más con la Agencia de Protección de Datos, porque estas son las temáticas que más habitualmente nos suelen consultar en el despacho.

Según la Agencia, las actividades con mayor número de infracciones que terminan en sanciones con multa suelen ser las relacionadas con la publicidad, las telecomunicaciones, las actividades de entidades financieras y acreedoras, ficheros de morosidad, contratación fraudulenta y asuntos laborales, que suponen hasta un 90 por ciento de todas las sanciones.

La conclusión que yo puedo extraer de dicho informe obedece al título que le he puesto a este artículo, ya que, al menos en apariencia y por los datos que ofrece la Agencia, da la sensación de que la ciudadanía está tomando conciencia de que esta materia es muy importante tomársela en serio, no solo por las elevadas sanciones económicas, sino por los derechos que están en juego, ya que estamos tratando de proteger un derecho, como es la privacidad, recogido en nuestra Constitución Española entre los denominados “Derechos Fundamentales”. No debemos dejar pasar por alto este dato (nunca mejor dicho…).