Agustín Miranda Sotillos / Director gerente de ASAJA Ciudad Real

Con la llegada de la época estival llega el grueso de las campañas agrícolas en la provincia de Ciudad Real. Este año el sector las afronta con más incertidumbre que nunca. Y no solo por la grave situación de costes de producción a la que están haciendo frente los productores, también porque para los agricultores empleadores es la prueba de fuego en lo relativo a la puesta en marcha de la Reforma Laboral aprobada por el Gobierno.

Una Reforma Laboral que da la espalda al campo y es perjudicial para el sector porque su aplicación genera mucha incertidumbre. Su arquitectura no tiene en cuenta la casuística del trabajo de los agricultores, donde el tipo de contratación puede verse sometido a un gran número de condicionantes externos. Ni el legislador ni las administraciones laborales competentes han querido tomar en consideración, ni se han molestado en tener algo de empatía que les haga entender que, en plena recogida del producto, por ejemplo, hay una gran cantidad de bajas voluntarias de los trabajadores sin preaviso; o que en este sector se desconoce con suficiente antelación los plazos para el inicio de la actividad; y qué decir tienen las adversidades climatológicas, que te trastocan todas las previsiones. El campo no es una factoría bajo un techado.

Se han cegado en un intento a la desesperada por acabar drásticamente con la temporalidad, motivado por intereses oscuros, sin pensar en nada ni en nadie y sin preocuparse de su viabilidad en determinados sectores. Han eliminado de un plumazo el contrato de Obras y Servicios, que era el que usábamos de forma mayoritaria para hacer frente a las campañas. Con esto, aseguran que han conseguido lo que perseguían, erradicar la temporalidad. Sin embargo, esta afirmación, como se puede comprobar, es falsa. Y es que no solo por cambiar el nombre del contrato desaparece la temporalidad en sectores como el turismo, la agricultura o el comercio durante campañas de más trabajo como Navidad.

En la negociación ni siquiera pasó por la cabeza del Gobierno la gente del campo. Fue ASAJA la que tuvo que sacar el diente y, tras muchas presiones, solo nos dieron una alternativa “los contratos de campaña”, la única manera que tienen ahora los agricultores para contratar a los trabajadores en sus campañas agrícolas (por mucho que las administraciones laborales se empeñen en que no) es una bolsa de 90 días que tienen que utilizar en base a predicciones que realicen para contratar la mano de obra del año siguiente. Algo que es muy difícil llevar a cabo para este sector. Los agricultores-empleadores también pueden contratar a eventuales para afrontar el incremento ocasional e imprevisible de la producción no programado, durante un máximo de seis meses.

Las administraciones laborales, de una forma torticera, inducen en el sector agrícola a formalizar contratos fijos-discontinuos en el campo, cuando en realidad son contratos eventuales. De esta forma intentan aniquilar el único resquicio legislativo que logramos arrancar en la Reforma Laboral y que ahora nos quieren ningunear, aduciendo que es el paradigma para resolver los nefastos resultados de empleo que España obtiene año tras año. La problemática laboral en España, reflejada en las altas cifras de paro, ha sido motivada por el fracaso de las políticas laborales que ellos mismos han promulgado; una gestión que, década tras década, nos han llevado a tener las cifras de paro más altas de toda Europa. Su fracaso lo quieren redimir con la invención de unos contratos que están fuera de la realidad en el sector del campo. La naturaleza de nuestra actividad es estacional, por lo que la sociedad debe saber que no generamos precariedad laboral, que no usamos las crisis económicas para despedir. En el campo hay un empleo muy estable, pero simplemente es estacional.

De momento comienza el gran volumen de contrataciones para la recogida del melón y sandía o la vendimia; y no con pocas dudas de interpretación de la nueva normativa laboral. Mientras, desde ASAJA seguimos trabajando con los Ministerios de Agricultura, Economía y Trabajo, a los que ya hemos solicitado aclaraciones sobre el uso de contratos en campaña para nuestros agricultores.