Francisco Javier Morales Hervás / Doctor en Historia

Juan Carlos I, al suceder a Franco, (22 de noviembre de 1975) asumió los enormes poderes del dictador, pero contaba con escasos apoyos ante el rechazo de los franquistas radicales y de la oposición a la dictadura, aunque, antes de ser proclamado rey, ya había contactado con personajes aperturistas del régimen para preparar el paso de la dictadura a un sistema democrático.

El rey nombró presidente de las Cortes a Torcuato Fernández Miranda, personaje clave para transformar el régimen desde dentro, pero tuvo que mantener el gobierno presidido por Arias Navarro, franquista integrista del “Búnker”, pero, que, presionado por el rey, incluyó a políticos aperturistas del régimen (Fraga, Areilza, Garrigues…). El gobierno legalizó los partidos políticos (excepto nacionalistas y comunistas), permitió los derechos de reunión y manifestación y propuso la reforma de las Leyes Fundamentales, pero la lentitud de las reformas, las manifestaciones, huelgas y graves problemas de orden público a comienzos de 1976, además de las presiones del rey, provocaron que Arias Navarro dimitiera (junio 1976).

Ayudado por Fernández Miranda, el rey logró nombrar presidente del gobierno a Adolfo Suárez (acogido con desconfianza por la oposición). En menos de un año, Suárez logró desmantelar el franquismo desde dentro y, sin ruptura, una rápida evolución hacia la democracia. Para conseguirlo, por un lado, negoció en secreto con la oposición socialista, comunista y nacionalista, y, por otro lado, logró atraer a la mayoría del franquismo y del ejército.

El mecanismo legal que permitió el cambio fue la Ley para la Reforma Política, aprobada por las Cortes franquistas y ratificada por el 94% de votantes en un referéndum nacional (diciembre 1976). Esta ley establecía que las nuevas Cortes serían bicamerales (Congreso y Senado), elegidas por sufragio universal y deberían elaborar y aprobar una Constitución. El siguiente paso fue modificar el Código Penal para poder legalizar partidos políticos, como el PSOE (diciembre 1976) y el PCE (abril 1977). Así, se pudieron convocar elecciones a Cortes para junio de 1977.

El gobierno tuvo que afrontar graves dificultades, como actos violentos protagonizados por grupos de extrema izquierda y de extrema derecha, destacando el asesinato de cinco abogados laboralistas en la calle Atocha de Madrid (enero 1977). Se recrudeció la actividad terrorista de los GRAPO y, sobre todo, de ETA. Además, España se vio afectada por una crisis económica profunda, que provocó un aumento del paro y de la conflictividad laboral.

El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas después de cuarenta años. Con una elevada participación (80% del electorado), se produjo la victoria de la UCD (Unión de Centro Democrático) con 166 de los 350 escaños, partido liderado por Adolfo Suarez y formado por parte de los sectores más aperturistas del franquismo. En segundo lugar, quedó el PSOE (118 diputados). Las fuerzas nacionalistas obtuvieron importantes resultados en Cataluña y País Vasco. Con estos resultados, Suárez fue elegido primer presidente de un gobierno democrático en España tras la dictadura.

Las Cortes debían elaborar una Constitución democrática que fuera resultado del consenso de todas las fuerzas políticas. Para evitar que la crisis económica provocara un rechazo de la población al proceso democratizador, gobierno y oposición firmaron los Pactos de la Moncloa (octubre 1977). Con dichos acuerdos, todos los partidos se comprometían a apoyar al gobierno de Suárez para que tomara las medidas necesarias para mejorar la economía.

Una vez aprobada la Constitución (diciembre 1978), en marzo de 1979 se celebraron elecciones generales. UCD revalidaba su mayoría en el Congreso (168 diputados) y lograba mantener a Suárez como presidente del gobierno. En 1979 se aprobaron los Estatutos de autonomía de Cataluña y del País Vasco, territorios que celebrarán en 1980 elecciones autonómicas, en las que vencerán CiU y el PNV, respectivamente.

El endurecimiento de la oposición del PSOE, el surgimiento de problemas internos en el seno de la UCD y el recrudecimiento del terrorismo de ETA llevarán a Suárez a presentar la dimisión (29 de enero de 1981), siendo propuesto como nuevo candidato Leopoldo Calvo-Sotelo. Mientras se realizaba la sesión de investidura en el Congreso de los diputados (23 de febrero de 1981), el teniente-coronel de la guardia civil, Tejero, asaltó el Congreso y dio un golpe de estado. De forma paralela, el teniente general Milans del Bosch declara el estado de guerra en Valencia. El golpe fracasará gracias a la intervención del rey Juan Carlos I que mostró su total apoyo al sistema democrático y  garantizó la lealtad de los militares a la Constitución.

Durante el gobierno de Calvo-Sotelo se aprobaron los estatutos de autonomía de Galicia y Andalucía, España ingresó en la OTAN (1982) y se iniciaron negociaciones para el ingreso de España en la CEE. Pero, a lo largo de 1982, se produjo la descomposición de la UCD, dividida por la aprobación de leyes como la del Divorcio, que sería aprobada gracias al apoyo del PSOE ante la indisciplina de voto de algunos diputados centristas, que, además, empezarán a abandonar el partido, situación que obligará a Calvo-Sotelo a convocar para octubre de 1982 elecciones anticipadas, que ganó el PSOE con una mayoría absoluta de 202 diputados, seguido de Alianza Popular (AP) de Fraga, con 107. La UCD y el PCE obtuvieron pocos escaños y se desmoronaron. Se iniciaba una nueva etapa política, protagonizada por los gobiernos del PSOE, encabezados durante casi catorce años por Felipe González.

Imagen superior: Adolfo Suárez fotografiado en su discurso de investidura en el Congreso de los Diputados (marzo de 1979). Wikipedia