Luis Fernando León / Socio-director de
León&León Abogados

Blockchain» o “cadena de bloques”, es un término tecnológico que últimamente está muy en boga, sobre todo desde que han saltado a la palestra las ya famosas «Criptomonedas».

Esta tecnología no es otra cosa que una estructura de datos, cuya información se agrupa en conjuntos, que permiten llevar un registro seguro, descentralizado, sincronizado y distribuido de operaciones digitales, sin necesidad de que intermedie un tercero (por ejemplo, un banco).

Entre otras ventajas de esta nueva tecnología informática, destaca la seguridad que ofrece a la hora de dar soporte al “dinero digital”. Otra ventaja cualitativa es que permite a los participantes de la red, sin necesidad de recurrir a una entidad que centralice la información. Esto es, la información de la cadena de bloques queda “descentralizada” entre los propios miembros que la integran, sin depender de nadie en particular, lo que puede ofrecer más “confianza”.

Si la definición de lo que es una cadena de bloques es compleja, no lo es menos su repercusión al nivel de la seguridad jurídica, ya que entra en conflicto directo con la Protección de Datos Personales.

Hemos de recordar que el Reglamento General (europeo) de Protección de Datos, en su artículo 17 establece lo siguiente:

«el interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo; b) el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento (…).”»

El derecho a la supresión de los datos personales es el comúnmente conocido como “Derecho al Olvido”, es decir, el derecho del interesado, ante la persona responsable, a que sus datos personales ya no sean tratados por no guardar ya relación con los fines para los que fueron recogidos o, por ejemplo, si los datos han sido tratados ilícitamente.

El caso es que, si alguien ejercitara el «derecho al olvido» dentro de una cadena de bloques, tal circunstancia alteraría la cadena de bloques, lo cual, la haría incongruente.

Son muchas las soluciones que proponen los expertos, como, por ejemplo, “ocultar” los bloques o camuflarlos, es decir, si no se puede suprimir la información, por lo menos la ocultamos.

Además, si hubiera que determinar un responsable, tratándose de bloques de datos “públicos” o que manejan muchas personas, ¿a quién se designaría para pedir responsabilidad en caso de vulneración de derechos? ¿Merece la pena ceder algunos derechos como contraprestación a estos avances tecnológicos?

Aunque estos problemas puedan parecer aún de ciencia ficción, tal y como iremos viendo en un futuro no muy lejano, si las pandemias y otras “pestes” no acaban antes con la raza humana, nacerán nuevos problemas jurídicos con ocasión de las nuevas tecnologías y el auge de las redes cibernéticas.